El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha comparecido en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. El presupuesto consolidado del Ministerio de Trabajo y Economía Social se sitúa en 29.473 millones de euros, un importe que permitirá mejorar la cuantía de las prestaciones y situar las políticas de empleo como la partida presupuestaria de mayor entidad solo superada por la inversión en pensiones. “Que estemos presentando estos presupuestos sin aportaciones del estado implica que la protección a las personas y al tejido productivo es eficaz y eficiente”, ha sentenciado Joaquín Pérez Rey.

Más Empleo y de más calidad

Pérez Rey ha comenzado su exposición haciendo un balance de la legislatura que ha calificado de “positivo teniendo en cuenta las adversas circunstancias por las que están atravesando la Unión Europea y nuestro país con una pandemia, una guerra en Europa, una crisis energética y una elevada inflación” y ha sustentado esta afirmación, entre otros datos, en que la cifra de afiliación es la más alta desde 2008, con 20.468.200 personas y hay 1.123.900 ocupadas y ocupados más que en 2018.

En este sentido, ha destacado que hay 9,5 millones de mujeres con empleo, la cifra más alta de la serie histórica y también que trabajan cerca de tres millones de menores de 30 años, la cifra más alta en cualquier año. El paro se ha situado por debajo de los tres millones por primera vez desde 2008, dejando la tasa de desempleo en el 12,48%, la más baja en los últimos 14 años.

El responsable de Empleo también ha subrayado que hay casi 13,5 millones de asalariados y de asalariadas con contrato indefinido, una cifra que no se había alcanzado con anterioridad.

Dotación presupuestaria

El presupuesto consolidado del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se sitúa en 29.473 millones de euros, con una reducción del 2,22% en comparación con 2022 que responde a la mejora en la evolución del mercado de trabajo y reducir el gasto en prestaciones en 1.192 millones de euros y, a la vez, mejorar la cuantía de las prestaciones y proteger el poder adquisitivo de sus beneficiarias y beneficiarios.

El resto de las actuaciones, al margen de las partidas destinadas a la protección por desempleo, contarán con 523 millones de euros más. La mejora del mercado del Empleo permite que SEPE no vaya a necesitar de la aportación del Estado ya que podrá autofinanciarse con las cuotas por desempleo y por formación.

Las políticas de empleo suponen, por tanto, la segunda inversión con más dotación presupuestaria solo por detrás de pensiones.

Mejora la protección y se amplía el colectivo de beneficiarios

Los presentes Presupuestos se traducirán en la mejora significativa de la cuantía de la prestación por desempleo, tanto en la modalidad contributiva como en el subsidio. Además, se incorpora un nuevo colectivo, el de las trabajadoras al servicio del hogar.

Con los Presupuestos Generales del Estado 2023 se reparará el “recorte fatal y fatídico”, como ha calificado Pérez Rey, que en 2012 redujo la prestación contributiva del 60 % al 50 % de la base reguladora. Desde el próximo 1 de enero, la prestación volverá a tener una cuantía del 60 % de la base reguladora a partir del día 181, lo que supone un incremento medio de 100 euros en la prestación, situándola en el entorno de los 1.000 € mensuales.

Supone un incremento de más del 11 %, por lo que las personas desempleadas que cobran prestación contributiva mantendrán su poder adquisitivo frente a la inflación. El 1 enero se beneficiarán de forma inmediata cerca de 300.000 personas.

También se incrementa el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples IPREM a 600 euros mensuales, una medida que mejora y amplia la protección a los colectivos más vulnerables. Desde 2020, acumula un incremento del 11,7%,

El IPREM es una herramienta fundamental de protección de las familias vulnerables ya que establece los umbrales de acceso a múltiples programas de protección social. Con esta subida se amplía su radio de acción y también permite adecuar la cuantía de las ayudas, entre ellas el subsidio de desempleo.

El subsidio de desempleo se incrementará hasta los 480 euros mensuales en el caso general, a partir del día 1 de enero. Un aumento de 50 euros, acumulado desde 2020, equivalente a un incremento del 11,7 % en la cuantía de la protección a las personas que más la necesitan. Un millón de beneficiarios y beneficiarias verán reflejado este incremento de manera inmediata.

Políticas Activas de Empleo

Las Políticas Activas de Empleo alcanzarán su mayor cifra de la historia con más de 8.000 millones de euros, de los que 6.847 serán gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Este organismo no requerirá “ni un solo euro de la aportación del Estado que también contará con la cifra más alta de recaudación de la historia con 27.211 millones de euros”.

Las PAE gestionadas por el SEPE se incrementan en 367 millones de euros en 2023, apuntándose la tercera subida consecutiva. En comparación con 2020 los recursos destinados a políticas activas se han incrementado en 2.231 millones de euros, un 38,5%. Se destinan más recursos que nunca para mejorar la empleabilidad de las personas, en especial de las que tienen mayores dificultades.

Continuidad de los Planes Especiales

En 2023 se da continuidad a los Planes Especiales de Empleo de Andalucía, dotado con 50 millones de euros, el Plan Especial de Canarias con 45 millones de euros y el de Extremadura, dotado con 15 millones de euros.

Además, un Plan Especial de Empleo para la Isla de la Palma, contempla 15 millones de euros de inversión para impulsar la recuperación de la actividad económica y el empleo en la isla después de la erupción volcánica.

Además, se aportan 5 millones de euros adicionales a los fondos destinados a Ceuta y Melilla para la mejora de la empleabilidad en esas dos ciudades.

Economía Social

La Economía Social va a recibir en 2023 un impulso de extraordinaria relevancia, porque su presupuesto se incrementa en 34 millones de euros hasta los 81,5 millones de euros, continuando de manera sostenida el incremento que se inició en 2020, en el comienzo de la legislatura, cuando la Economía Social contaba con una dotación presupuestaria mínima.

En 2020 disponíamos de tan solo 8,2 millones de euros para la economía social lo que implica que en la legislatura hemos multiplicado por 10 los recursos para la economía social, lo que pone de evidencia la importancia que desde el MITES damos a este modelo solidario de organizar la actividad empresarial.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Se incrementa el 8,5 % el presupuesto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, fundamentalmente en el capítulo de personal y en el de inversiones para seguir mejorando los recursos humanos y las herramientas informáticas que permitan hacer más efectiva la actuación de la Inspección para asegurar el cumplimiento de la normativa legal.

En este apartado se demuestra el compromiso del Gobierno para mejorar este organismo autónomo. En 2020 el presupuesto de la Inspección era de 145,8 millones de euros y ahora, para 2023 se eleva a 206,4 millones de euros.

En esta legislatura se han incrementado un 41,5% los recursos a disposición de la Inspección de Trabajo que permitirá hacer la mayor oferta pública incrementando, finalmente, “la plantilla total en torno al 30% en apenas unos años”, ha explicado el secretario de Estado de Empleo.

Otras aportaciones

El presupuesto del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) se mantiene estable, con una dotación de 830,7 millones de euros que permiten garantizar el cobro de salarios e indemnizaciones a los trabajadores y trabajadoras en los casos de insolvencia empresarial.

Esta partida no ha sufrido ningún gasto extraordinario en 2020 y 2021, evidencia de que las medidas para proteger el empleo y el tejido productivo han evitado el aumento de las insolvencias empresariales.

Se incrementa el 15,1% los fondos transferidos al Consejo Económico y Social de España, el órgano fundamental donde reside el diálogo institucional sobre el empleo y las relaciones laborales de España.