La Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y  la presidenta del Govern, Francina Armengol, acompañadas del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey y el  conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, han mantenido esta mañana una reunión con los representantes de los sindicatos de CCOO y de UGT de hostelería, y con diversas trabajadoras representantes de las camareras de piso en Mallorca, para abordar la problemática que afecta a este colectivo, y que en muchas ocasiones perjudica su salud a lo largo de su vida laboral, y establecer así una hoja de ruta que permita mejorar sus condiciones de trabajo.

La reunión de trabajo, que ha tenido lugar en Calvià, ha servido para poner de manifiesto cuáles son los aspectos que más afectan a la seguridad y salud de las camareras de piso, y cómo se refleja en la precarización de sus condiciones laborales, un colectivo que en las Islas Baleares ronda las 11.500 profesionales.

La ministra reconoció que la situación de las camareras de piso “siempre ha sido una prioridad en nuestro trabajo” porque es “una de las formas más expuestas de precariedad en nuestro país” que durante “mucho tiempo fue invisible”.

“Este es una de las plasmaciones del modelo de precariedad al que dio lugar los cambios legislativos que impulsó el PP, que vamos a revertir con las reformas que enviamos a Bruselas, en las que se contempla abordar en el marco del diálogo social en nuestro país la precariedad y la subcontratación”, destacó la ministra.

La presidenta Armengol recordó que Baleares fue “pionera en abordar esta cuestión” y “en hacer visible la lucha de las camareras de piso” y ha manifestado la “estrecha colaboración” que se mantiene con el Ministerio de Trabajo en esta línea.

El encuentro celebrado este sábado ha significado una toma de contacto directa con las trabajadoras de este sector, y un punto de partida para recoger de primera mano preocupaciones y problemas que más acucian al colectivo. Las trabajadoras trasladaron su día a día de trabajo, las lesiones que sufren y las reivindicaciones para revertir su situación.

A su vez, tanto ministra de Trabajo como la presidenta del Govern han reiterado que ambas administraciones trabajan estrechamente en hallar soluciones a diferentes problemas que padecen las camareras de piso.

Fruto de este permanente trabajo, en estos últimos años ya se ha conseguido que el convenio colectivo del sector de la hostelería haya desterrado prácticamente la externalización de la actividad de las camareras de piso (con lo que ha supuesto un freno a la precarización de la actividad) y el reconocimiento, por parte de la Seguridad Social en 2018, de las dolencias musculoesqueléticas de extremidades superiores como enfermedad profesional.

El Govern ha trasladado un documento de trabajo a la ministra Díaz, elaborado por el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL) en el que se realiza una radiografía del colectivo de las camareras de piso en Baleares, con sus principales problemas, que la mayoría de veces mantienen relación con trastornos músculo esqueléticos, agravados por otros factores como la organización del trabajo, con sobrecargas y estrés, factores relacionados con el ámbito extralaboral (desigualdad de asunción de responsabilidades en el ámbito doméstico) u otros factores biológicos como la edad, entre otros.

La siniestralidad, la otra cara de la precariedad

Las camareras de piso representan uno de los colectivos con más exposición a la siniestralidad laboral y a enfermedades profesionales derivadas de su actividad a lo largo de su vida laboral.

En 2019 se produjeron un total de 27.278 accidentes de trabajo, de los cuales 7.140 (26,2%) corresponden al sector de la hostelería, y sobre estos, más de la mitad (51,4%) son padecidos por mujeres. El colectivo de camareras de piso abarca el 27,2% de esa siniestralidad en el sector.

Según tipología, dos son los grupos que destacan sobre el resto de accidentes: los aplastamientos sobre o contra un objeto inmóvil (1.653 casos, de los que 982 fueron mujeres) y los sobresfuerzos físicos (1.701 casos, de los que 933 fueron mujeres).

Las principales lesiones generadas por accidentes derivados de sobreesfuerzos han afectado en mayor medida a la espalda, columna, y extremidades superiores.

Otro aspecto relevante que marca la siniestralidad laboral en las Illes Balears es la temporalidad de la actividad económica, ya que en un período temporal de aproximadamente 6 meses las trabajadoras y trabajadores del sector deben asumir un elevado volumen de carga y ritmo de trabajo. Esta acusada temporalidad también repercute en la accidentalidad, ya que el 51,2% de los accidentados tiene una antigüedad en la empresa de hasta 3 meses.

Por último, un trabajo de campo desarrollado por el IBASSAL entre 2015 y 2020 apunta a que se constata que las metodologías de evaluación de riesgos de los hoteles no contemplan en muchas ocasiones aspectos como fuerzas y biomecánicas, repetitividad de movimientos, fatigas, cargas posturales, ambiente térmico o la organización de la carga y el tiempo de trabajo, aspectos todos ellos que inciden en el desempeño del trabajo de las camareras de piso.

También se ha constatado una carencia de formación específica y práctica adecuada al puesto de trabajo y que la falta de formación también alcanza a la gestión de personas por parte de mandos intermedios, lo que repercute en determinados riesgos psicosociales.

Protección social en Baleares

La ministra de Trabajo ha recordado que, a día de hoy, se mantienen 156.000 trabajadores en ERTE en Baleares, y que se “llegó a acoger a 199.000 en el pico de la crisis”.

El importe total de prestaciones de protección social abonadas por parte del SEPE asciende a 1328,8 millones de euros, un “sesgo diferencial de Baleares que ha permitido salvar empresas y trabajadores, que es salvar hogares y vidas”.

Respecto a los fijos discontinuos, cada mes cobran este tipo de prestación aproximadamente 60.000 personas, un modelo que la ministra ha calificado de “muy eficaz” y que debe ser “exportado a otras zonas”. En este tipo de prestación. Se abonaron más de 296 millones de euros en les Illes Balears.