La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mantenido sendas reuniones con responsables de las organizaciones sindicales CCOO y UGT y, posteriormente con responsables de los colectivos de trabajadoras de hogar y del servicio de ayuda a domicilio SEDOAC, Territorio Doméstico, SINTRAHOCU, sindicato SAD y de la plataforma unitaria AUXAD para abordar la nueva normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Según ha explicado Díaz, la nueva “norma fundamental permitirá proteger los derechos de miles de trabajadoras de ayuda a domicilio y del hogar” tal y como mandata la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 acordada en el marco del Diálogo Social con las organizaciones sindicales, empresariales y comunidades autónomas.

Además de los aspectos físicos, la titular de Trabajo también ha puesto en valor que “hay unos riesgos psicosociales añadidos ya que desempeñan su actividad en solitario y en momentos clave de nuestras vidas atendiendo a personas con patologías vinculadas al deterioro no solo físico sino también cognitivo o acompañando a personas cuando les llega el momento de la muerte” ha enfatizado la vicepresidenta segunda.

Objetivos

Las personas que realizan actividades de cuidado retribuidas deben tener aseguradas condiciones de trabajo dignas y sanas, con medidas preventivas efectivas, tanto en el ámbito de los riesgos físicos como psicosociales.

Se va a modificar el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, para hacer mención expresa a las empresas a cuyo servicio se encuentre el personal dedicado a la actividad de ayuda a domicilio.

La nueva norma también implicará mejoras en la situación en materia de prevención de riesgos laborales de las personas que prestan servicio en ayuda a domicilio, en su mayoría mujeres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, con medidas específicas frente a agentes biológicos, cancerígenos o químicos.

Así con la nueva norma, la evaluación de riesgos contemplará la posibilidad de que cualquier puesto esté ocupado por hombres o por mujeres, teniendo en cuenta la existencia de riesgos psicosociales, particularmente cuando guardan relación con las responsabilidades familiares y de cuidado.